El gobernador Ignacio Torres anunció el pedido de intervención judicial de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, asegurando que es una oportunidad para corregir años de mala gestión y corrupción. El objetivo es garantizar transparencia y justicia para los vecinos de la ciudad.
El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, anunció ayer en sus redes sociales el pedido de intervención judicial de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew. En su comunicado, Torres fue contundente al señalar que esta medida busca poner fin a años de irregularidades y mala administración. Según sus palabras, «después de mucho tiempo, quienes hicieron las cosas mal pagarán las consecuencias como corresponde».
Torres enfatizó que la intervención no es solo una cuestión administrativa, sino una oportunidad para que los vecinos de Trelew recuperen la confianza en los servicios públicos. «Vivimos en una de las provincias más ricas del país, pero durante años de desidia y corrupción, los recursos fueron mal gestionados, y los ciudadanos terminaron pagando las consecuencias», afirmó el gobernador, refiriéndose a las altas tarifas y la falta de transparencia en la administración de la cooperativa.
El gobernador también aclaró que la problemática no reside en el sistema cooperativista en sí, sino en la conducción de ciertas cooperativas que han sido utilizadas como «caja política» y para financiar sectores partidarios. Destacó el caso de la Cooperativa de Gaiman como un ejemplo positivo de gestión, en contraposición a la situación crítica de Trelew, que acumula deudas millonarias con la distribuidora mayorista de energía CAMMESA.
En cuanto a las críticas sobre la falta de competencia del gobierno provincial para intervenir en la cooperativa, Torres fue claro: «A mí no me eligieron para ser un burócrata que le escape a los problemas; me eligieron para resolverlos». Señaló que, aunque el poder concedente es el municipio, la magnitud del problema en Trelew afecta a todos los chubutenses, justificando así la necesidad de tomar medidas desde el Ejecutivo provincial.
La intervención judicial solicitada es vista como el inicio de una serie de acciones que buscarán auditar y, de ser necesario, intervenir otras cooperativas de la provincia. Según Torres, es el momento de «demostrar que las cosas se pueden hacer bien» y que la justicia alcance a aquellos que abusaron de su posición en detrimento de los ciudadanos.
